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La acusación particular pide tres años de prisión para el ex-alcalde de Écija Julián Álvarez Ortega.
La
acusación particular en el caso que se sigue contra el ex alcalde de
Écija (Sevilla) Julián Álvarez Ortega (PA) pedirá tres años de cárcel
por un presunto delito contra la integridad moral de una trabajadora.
Esa
petición duplica la realizada por la Fiscalía de Sevilla, que ha pedido
año y medio de cárcel para el ex regidor astigitano, la misma pena
solicitada para dos ex concejales del gobierno PA-PP que presidió
Álvarez Ortega y el secretario local andalucista, Javier Fernández
Franco.
El abogado de la trabajadora, José Ramón Fernández,
considera que la actuación del ex alcalde y de los concejales Manuel
Lazpiur Rodríguez (PA) y Teresa Chacón Herrero (PP), ambos miembros del
gobierno presidido por Álvarez, es más grave que la de Fernández Franco.
"Hemos
entendido que el grado de gravedad es diferente en la actuación de
Julián Álvarez, Manuel Lazpiur y Teresa Chacón y por eso pedimos tres
años para cada uno de ellos y solamente dos para Fernández Franco",
resume el letrado.
Además, el abogado reclama una indemnización de 90.000 euros para su defendida "por los daños morales y físicos sufridos".
Los
cuatro procesados están acusados de un delito contra la integridad
moral por una supuesta campaña en contra de la ex directora de la
residencia de mayores pública de Écija, despedida de su puesto de
trabajo en 2002.
Según la acusación, Lazpiur dijo en un
pleno que se había abierto una investigación sobre supuestas caídas en
el asilo, pese a que ésta nunca se llevó a cabo, e imputó a la
trabajadora en presuntas irregularidades con las cartillas de ahorro de
los ancianos.
En abril de 2002, en una circular a afiliados
del PA, Javier Fernández continuó la campaña de desprestigio exigiendo
"responsabilidades" a la denunciante y pidiendo cuentas por el hallazgo
de una caja de zapatos con 2.900 euros, según el abogado.
La
Fiscalía acusa al ex alcalde que no hizo nada para evitar los
comentarios vejatorios, denigrantes y "carentes de veracidad" contra la
afectada, pese a tener a su alcance los medios para hacerlo.
A
la concejala Teresa Chacón le imputa permitir que continuaran las
"infamias" pese a que tenía "pleno conocimiento" de la correcta
actuación de la denunciante.
El objetivo de estos ataques a
la trabajadora, según la acusación, era "menoscabar su integridad
moral, humillarla y poner en duda su honor".
Sostiene el
ministerio público que el despido fue declarado improcedente por los
tribunales, lo que generó "un clima de tensión" entre el Ayuntamiento
de Écija y la plantilla del asilo por la voluntad del equipo de
gobierno de privatizar su gestión.
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Fecha: 30/10/2009
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Fuente: AGENCIA EFE |
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