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El Ayuntamiento no cumple la condena de pagar a una empresa 7.303 euros del año 1999.
 La
empresa sevillana «Andaluza de Productos Médicos» ha denunciado que el
Ayuntamiento de Écija le debe una factura del año 1999 por importe de
7.303,46 euros que con los intereses se han convertido en 20.000. Y no
se la paga, a pesar de que la Justicia le ha dado la razón a la
demandante y ha requerido a la Administración en reiteradas ocasiones
para que abone el dinero.
La empresa demandó en noviembre de
2006 al Hospital de San Sebastián de Ecija por el impago de dichas
facturas que se remontan a 1999. El juzgado de lo contencioso-
administrativo número 7 de Sevilla dictó sentencia el 13 de mayo de
2008 condenando al centro sanitario al pago de 7.3030, 46 euros y,
cuando notificó la sentencia al Ayuntamiento, éste se personó y dijo
que no podía cumplir al no haber sido parte demandada puesto que el
hospital se había extinguido como organismo autónomo local el 1 de
enero de 2007 para integrarse en el sistema sanitario andaluz. Sin
embargo acompañó un convenio entre el Ayuntamiento y la Consejería de
Salud por el que la propia entidad local se hace responsable de los
pagos por deudas generadas antes del 1 de enero de 2007.
«Subterfugios»
«Trató
con ello -dicen fuentes de la empresa- de buscar un subterfugio para
dejar de pagar a los proveedores cuando, en realidad, ya conocía la
existencia de la deuda y el pleito iniciado y, aún así, no notificó el
cambio operado a los acreedores».
Pero, el juzgado desestimó
la pretensión del Ayuntamiento el 28 de mayo de 2008 y le ordenó tener
por notificada la sentencia a la Administración demandada. Le dio dos
meses, pero como no contestó, el 11 de septiembre el acreedor volvió a
pedir la ejecución solicitando el embargo de cantidades de una y otra
Administración (Servicio Andaluz de Salud y Ayuntamiento de Écija) y
una averiguación patrimonial de las cuentas bancarias del citado
hospital.
El juzgado denegó esta solicitud y le ofreció al
Consistorio diez días para que dijera qué hacía para cumplir la
sentencia. No hubo respuesta y la empresa volvió a reiterar la petición
anterior al juzgado que requirió nuevamente al Ayuntamiento con un
plazo, otra vez, de diez días.
El 16 de octubre de 2008 el
juzgado desestimó la pretensión de la empresa de embargar hasta que no
se cumpliera el plazo dado a la Administración, resolución que le es
notificada al demandante el día 28 de ese mes, fecha en la que ya había
transcurrido el segundo plazo de diez días que se le había dado al
Ayuntamiento.
El 5 de noviembre la empresa recibe
notificación de un escrito del Ayuntamiento en el que el único
documento que incorpora es un «supuesto reconocimiento de obligación».
Dado
que «ni el Ayuntamiento paga ni el juzgado toma decisión alguna», la
empresa presentó el 7 de noviembre otro escrito reiterando las
anteriores peticiones que encuentran mutismo absolutopor parte del
juzgado. El 11 de diciembre insistió y entonces sí recibió respuesta:
se le deniega el embargo de los fondos remitidos por el SAS al ser
públicos y se acuerda requerir al Ayuntamiento para que en 20 días
remita al juzgado un listado completo de bienes no afectos a uso o
servicio público al, objeto de «en su caso», de proceder a su embargo.
El
Ayuntamiento contestó con una lista de numerosas fincas pero dijo que
el inventario era de hace tres años y, por lo tanto, algunas podían no
tener la clasificación que se les da. La empresa fue al Registro de la
Propiedad y detectó una serie de fincas del Ayuntamiento que, a pesar
de estar así inscritas, la corporación ya había transmitido con
anterioridad.
Dinero de la Diputación
El pasado mes de
abril fue la última solicitud de la empresa al juzgado pidiendo un
embargo que fue denegado y una certificación de la titularidad de tres
fincas, para lo que eso sí, le concedió 30 días hábiles con el objeto
de que aportara el informe.
Esta empresa pregunta dónde
están los 34 millones de euros que la Diputación ha librado a los
ayuntamientos para el pago de las deudas atrasadas y las políticas de
fomento, ahora tan necesarias, de las pequeñas y medianas empresas
andaluzas de la Administración, cuando es ella la primera que no paga a
sus proveedores.
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Fecha: 31/05/2009
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Fuente: ABC - AMALIA F. LÉRIDA |
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