| |
|
|
| |
 |
| |
El pleno retrasa la ejecución de la sentencia del geriátrico.
 El
Ayuntamiento de Écija tenía convocado ayer un pleno con un único punto:
acatar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
(TSJA) relativa a la gestión de la residencia de ancianos de Vitalia.
Finalmente, la oposición, que suma mayoría absoluta, rechazó la
urgencia del punto. Y se acabó el pleno.
El alto tribunal
ordena ejecutar la sentencia antes de una semana y exige al
Ayuntamiento de Écija que vuelva a la situación que existía hace más de
10 años, en julio de 1998, cuando la gestión de la residencia de
ancianos fue adjudicada a Virgen del Valle. El gobierno local de
entonces (PA y PP) rescindió ese contrato y lo adjudicó a Vitalia, que
construyó y gestiona el asilo con una concesión de 75 años.
Como
este plazo dado por el TSJA para acatar la sentencia acaba el día 22,
habrá que convocar otro pleno. La urgencia requiere de mayoría
absoluta. Sólo la votaron ayer los nueve ediles del PSOE (en el equipo
de gobierno) y el de IU, es decir 10, pero se abstuvieron los seis del
PA, los cuatro del PP y el del PSEI.
Esta sentencia puede
derivar en un problema económico para el Ayuntamiento de Écija, ya que
la sentencia obliga a dejar a Vitalia sin la gestión que se le concedió
en 2000, sin las instalaciones que construyó en La Alcarrachela y sin
los beneficios que pueda conseguir por su explotación en los 68 años
que aún le quedan.
El alcalde de Écija, Juan Wic (PSOE), no
quería ayer entrar en calcular el dinero que la aplicación de la
sentencia del TSJA puede costar a las ya famélicas arcas municipales.
“El pleno de es el órgano competente para acatar la sentencia, que ya
es firme”, subrayó el regidor, quien apuntó que la reclamación
económica “será cuestión de que las dos empresas afectadas y el
Ayuntamiento de Écija se pongan de acuerdo en el tema”.
Sin
embargo, eso lo decidirá Vitalia, que es la que debe valorar el coste
de la construcción del edificio, que se cifró en su día en unos 4,2
millones de euros, más el gasto en personal y, sobre todo, el lucro
cesante o los beneficios que dejará de ingresar por las décadas que
todavía le quedan de la gestión del asilo.
Distintos
expertos tienen calculada esa cantidad, a la que se podría sumar una
indemnización por daños y perjuicios que también podría reclamar la
empresa Virgen del Valle, la otra afectada, en unos 23,5 millones de
euros, el 62% de los ingresos presupuestados para este año por el
equipo de gobierno.
Pese a que nadie en el equipo de
gobierno confirma el coste de este embrollo legal, sí señalaron en su
día que el mismo es el resultado de “una mala gestión de consecuencias
terribles para la ciudad", como afirmó el viceportavoz municipal del
PSOE, José Joaquín González, quien señaló al PA y al PP como
responsables.
|
|
|
Fecha: 17/04/2009
|
|
Fuente: EL CORREO DE ANDALUCÍA - Manuel Rodríguez |
|
|
|
|
