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Piden año y medio de cárcel para el ex alcalde de Écija Julián Alvarez por trato «vejatorio» a la directora de un geriátrico.
La
Fiscalía de Sevilla reclama una pena de un año y seis meses de prisión
para el ex alcalde de la localidad sevillana de Ecija, el que también
fuera secretario general del Partido Andalucista (PA) Julián Alvarez,
por un presunto delito contra la integridad moral de la directora de
una residencia de ancianos del citado municipio, ya que, según el
Ministerio Público, el acusado inició una campaña de "desprestigio"
contra M. J. G. J. junto a otros tres dirigentes del PA en 2002
"llevados por el evidente ánimo de menoscabar su integridad moral,
humillarla y poner en duda su honor".
El fiscal solicita
además en su escrito de acusación una misma pena de un año y seis meses
de prisión para el que fuera teniente de alcalde de Ecija Manuel
Lazpiur, para el ex secretario de organización del PA Francisco Javier
Fernández Franco y para la concejala María Teresa Chacón por ser
"coautores" del delito contra la integridad moral.
En este
sentido, el fiscal explica que M. J. G. J. ha desempeñado el cargo de
directora de dicha residencia de ancianos de explotación municipal
desde 1998 hasta la actualidad "pese a ser despedida del cargo en
febrero de 2002 por presunta negligencia en el cuidado de los ancianos
tras la caída accidental de uno de ellos". Tal despido fue declarado
improcedente por sendas sentencias de 2002 y 2003, "lo que generó --a
juicio del fiscal--un clima de crispación y enfrentamientos entre el
Ayuntamiento de la localidad y los trabajadores de la residencia ante
la voluntad del ente pública de adjudicar la misma a una empresa
privada".
El fiscal prosigue que el 21 de marzo de 2002 el
acusado Manuel Lazpiur manifestó en un pleno municipal "que se había
iniciado una investigación que dio como resultado que se habían
producido más de 30 caídas en el último año", si bien el Ministerio
Público apunta que tal investigación "en ningún momento se llevó a
cabo".
'El acusado inició una campaña de "desprestigio"
contra M. J. G. J. junto a otros tres dirigentes del PA en 2002,
explica el fiscal'
Así las cosas, Lazpiur nuevamente valoró
la gestión de la denunciante, según se desprende del escrito de
acusación, indicando que existían "indicios de irregularidad en el
manejo de las cuentas corrientes y cartillas de ahorro de los
residentes, en la disposición de fondos y traspaso de cantidades de
cuentas anteriores a otras nuevas". Según el fiscal, Lazpiur dijo este
a pesar de que "era conocedor de que ninguna investigación se había
iniciado en este sentido".
Posteriormente, el 15 de abril de
2002, "y continuando con la campaña de desprestigio inicial", el
acusado Francisco Javier Fernández supuestamente redactó una circular
dirigida a los militantes del PA "en la que pedía públicamente
responsabilidades a la directora de la residencia sacando a colación el
hallazgo de 2. 900 euros en una caja de zapatos encontrada en el
centro", cuya procedencia había quedado "plenamente" justificada por
uno de los trabajadores. No obstante, la Fiscalía sostiene que este
inculpado afirmaba "rotundamente" que la sustracción de dinero era
"práctica habitual".
«Alvarez no hizo nada para evitarlo»
Para
el Ministerio Fiscal, durante la celebración de los plenos municipales,
Julián Alvarez, "pese a tener a su alcance todos los medios necesarios
para evitar los comentarios denigrantes y carentes de veracidad",
supuestamente "no hizo nada por evitar tales conductas contribuyendo
con su actuación a vejar y denigrar la integridad moral" de la
denunciante.
Asimismo, el fiscal también entiende que la acusada
María Teresa Chacón, que "tenía pleno conocimiento de la correcta
actuación" de la directora de la residencia de ancianos "omitió toda la
información que costaba en su poder permitiendo que continuaran
vertiéndose infamias".
El Ministerio Público considera que
los hechos descritos son constitutivos de un delito contra la
integridad moral, de manera que pide un año y seis meses de cárcel para
los cuatro acusados, para quienes reclama además el pago de una
indemnización de 9.000 euros a la denunciante por los daños morales
causados.
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Fecha: 17/12/2008 |
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Fuente: ABC SEVILLA |
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